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Berlín rechaza amenazas de EE.UU. a empresas vinculadas con gasoducto

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El ministro de Asuntos Exteriores de Alemania, Heiko Maas.

Berlín, 19 jul (P L) El ministerio de Asuntos Exteriores de Alemania rechazó hoy las amenazas proferidas por Estados Unidos contra las empresas europeas vinculadas al gasoducto Nord Stream 2, lo cual consideró un irrespeto a la soberanía regional.
El titular de la cartera, Heiko Maas, sostuvo que el anuncio de Washington de posibles sanciones a entidades europeas «menosprecia el derecho y la soberanía de Europa para decidir dónde y de quién obtiene su energía».
La reacción se produjo un día después de que el secretario de Estado norteamericano, Mike Pompeo, anunciara la decisión de ampliar sanciones a todas las empresas vinculadas al gasoducto que deberá llevar petróleo ruso a Alemania, pasando por aguas territoriales o zonas económicas exclusivas de Finlandia, Rusia, Suecia y Dinamarca.
Pompeo llamó a esas compañías a abandonar el proyecto, pues de lo contrario «deberán enfrentar las consecuencias».
De acuerdo con el ministro alemán, «la política energética europea se hace en Europa y no en Washington. Rechazamos con firmeza las sanciones extraterritoriales».
Por su parte, el jefe de la Asociación Empresarial Alemana para el Este, Oliver Hermes, también cuestionó las amenazas estadounidenses, las cuales calificó de «injerencia sin precedentes en la soberanía energética de la Unión Europea».
Tras indicar que el hecho muestra «el increíblemente bajo nivel de las relaciones transatlánticas», precisó que las eventuales sanciones podrían afectar a unas 120 empresas de 12 países del denominado viejo continente.
Con sus anuncios, «Estados Unidos atenta contra la competencia libre y honesta y usa las sanciones sin limitaciones para sus intereses económicos. La UE no puede hacer otra cosa que reaccionar con cautela ante ese intento de extorsión», aseveró.
La ejecución de las obras del gasoducto Nord Stream 2 está avanzada en más de un 80 por ciento, pese a que ya a finales de 2019 Washington aplicó sanciones a empresas propietarias de los barcos involucrados en el proyecto.