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Derechos Humanos, el desafío de preservarlos de la politización

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Por Waldo Mendiluza

París, Francia.- (PL) El 45 Período de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU culminó en Ginebra con la adopción de 35 resoluciones, que demostraron el reto de mantener el sensible tema a salvo de la politización y manipulación.
Los encuentros y las decisiones en el Palacio de las Naciones volvieron a ser escenario del objetivo de potencias occidentales, de sentar en el banquillo de los acusados a gobiernos resueltos a mantener un rumbo propio y a defender su soberanía y autodeterminación.
El empleo de los derechos humanos como instrumento de ataque contra países específicos no es nuevo, pero adquiere sofisticadas vías, que van desde el uso de organizaciones no gubernamentales y la fabricación de personalidades y opositores hasta la introducción de conceptos disfrazados de mecanismos sanos.
Venezuela, Nicaragua, Cuba, Siria, Belarús, Irán, e incluso las súper potencias Rusia y China, fueron blanco de ataque desde el citado arsenal, que solo se esgrime para desacreditar o criminalizar a los Estados «incómodos» para Occidente.
Como sucede año tras año en esa ciudad suiza, Cuba alzó su voz para abogar por la cooperación y el diálogo frente a la selectividad y la manipulación, en aras de salvar a un órgano importante del sistema de las Naciones Unidas, que debería caracterizarse por el multilateralismo y la solidaridad.
«El sistema de derechos humanos está en una profunda crisis financiera, evitemos que caiga, además, en una crisis insalvable de legitimidad y credibilidad», alertó en uno de los debates la diplomática cubana Lisandra Astiasarán.
De acuerdo con la representante de la isla, la amenaza viene desde posturas que promueven vínculos artificiales con el pilar de seguridad y agendas injerencistas, ajenas al mandato, la autoridad y el estatus del Consejo de Derechos Humanos.
Algunos países impulsan la solidaridad, pero otros incrementan las medidas coercitivas unilaterales, las agresiones y las amenazas de todo tipo, que constituyen flagrantes violaciones de los derechos humanos de pueblos enteros, subrayó.
Astiasarán también rechazó que mientras unos defienden el sistema de derechos humanos como un espacio genuino para el dialogo y la cooperación, otros lo utilizan a su conveniencia como arma política contra terceros, incluso para promover abiertamente la desestabilización y el cambio de régimen.
En varias ocasiones, representantes de Cuba sometieron a consideración de los Estados miembros el peligro de que el Consejo caiga en el descrédito, lo cual en 2006 llevó a la desaparición de la Comisión de Derechos Humanos, convertida por los poderosos en un instrumento de agresión.
Al cierre del 45 Período de Sesiones el 7 de octubre, tras cuatro semanas de debates, la isla reiteró su repudio a las resoluciones dirigidas contra países soberanos y a favorecer un manejo selectivo y politizado del tema.
Reiteramos nuestro rechazo a todas las iniciativas que no cuentan con el apoyo de los Estados concernidos, señaló el diplomático cubano Jairo Rodríguez en un foro en el que fueron adoptadas decisiones sobre países como Siria y Venezuela, documentos que sirven para escalar, utilizando los derechos humanos, en las agresiones que enfrentan.
En su intervención, Rodríguez también lamentó la resolución acerca del mandato de prevención, la cual -advirtió- no tiene en cuenta las serias y profundas preocupaciones de varios gobiernos y la falta de consenso en torno a sus antecedentes e implicaciones.
Se trata de un texto creado para imponer la selectividad, la politización y los dobles raseros, que además desvirtúa y contradice el espíritu de diálogo y cooperación necesario en el Consejo de Derechos Humanos.
Según el representante cubano, la iniciativa en cuestión autoasigna al órgano de 47 Estados miembros atribuciones que no le corresponden y contaminan su relación con otras entidades del sistema de la ONU y el papel de la Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos.
No apoyaremos las acciones que de este documento se deriven y rechazaremos cualquier actuación intervencionista y agresiva contra países en desarrollo, afirmó.

VENEZUELA REPUDIA CRUZADA

También Venezuela denunció en el Consejo la utilización de este órgano de la ONU para atacar, mentir y manipular.
El país sudamericano fue objeto de discusiones impuestas, que incluyeron una actualización oral de la alta comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, quien si bien llamó al levantamiento de las sanciones a Venezuela por Estados Unidos y la Unión Europea, ante la amenaza que representan en los esfuerzos contra la Covid-19, lanzó acusaciones sobre la base de fuentes parcializadas y sin credibilidad.

Jorge Valero Embajador de Venezuela ante la ONU

Bachelet matizó sus imputaciones de alegadas violaciones de los derechos humanos con algunos reconocimientos a acciones de Caracas, como el reciente indulto a prisioneros y su cooperación con la Oficina de la Alta Comisionada.
El embajador venezolano Jorge Valero condenó el mecanismo desencadenado y recordó que no cuenta con el respaldo de su país, al ser fruto de la cruzada de un grupo reducido de naciones, estimuladas por la hostilidad de Washington.
Esos gobiernos que promovieron la resolución y la actualización deberían preocuparse por la situación en sus propios países, entre ellos Brasil, Colombia y Chile, donde ocurren graves violaciones de los derechos humanos, manifestó.
Valero repudió que se impongan en el Consejo resoluciones para atacar a Estados soberanos, documentos caracterizados -precisó- por la tergiversación de la verdad y las posturas opuestas al multilateralismo, la objetividad y la no selectividad.

ORDEN INTERNACIONAL

El Consejo de Derechos Humanos adoptó una resolución presentada por Cuba para extender el mandato del experto independiente sobre la Promoción de un Orden Internacional Democrático y Equitativo, iniciativa respaldada por países en desarrollo.
Al introducir el documento, el diplomático Lester Delgado señaló que un orden internacional democrático y equitativo es una necesidad de cara a los desafíos y crisis globales, agravados por la pandemia de la Covid-19, y de hacerlo de una manera efectiva y coordinada.
También resulta importante para apoyar los esfuerzos nacionales en la promoción y la protección de todos los derechos humanos para todos, subrayó el representante de la mayor de las Antillas, quien acotó que la renovación es por tres años.
Delgado expuso en sus argumentos que el texto no persigue un enfoque de monitoreo punitivo a los responsables de las causas estructurales y los obstáculos impuestos a la plena realización de los derechos humanos.
«Busca en cambio contribuir a la promoción y la equidad en el actual sistema internacional, así como estimular el fortalecimiento de la cooperación y la equidad en la gobernanza global», afirmó.
En ese sentido recordó la intervención reciente del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, en la Asamblea General de la ONU y su llamado a superar con un orden internacional justo, equitativo, solidario y democrático, las posturas egoístas y los intereses mezquinos de una minoría poderosa que lastra las aspiraciones legítimas de los seres humanos.